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Presión impositiva: escribir con la mano y borrar con el codo

. Opinión - Opinión

Por: Marcelo Alejandro Saleme Murad

Todos los gobiernos desde que se tiene memoria en Argentina manifiestan su intención de “ayudar” a las empresas pequeñas y medianas, expresando al respecto muchas buenas intenciones. Pero a poco de andar, ésas buenas intenciones son dejadas sin efecto en la práctica de la AFIP, que parece tener un ordenamiento jurídico propio, una política propia, e interpretaciones que sólo tratan de cuidar la caja del fisco cargando excesivamente la ya intolerable presión impositiva hacia los que producen, con prescindencia si con eso dejan sin efecto lo pregonado por el Ejecutivo.

Veamos un claro ejemplo. El gobierno de De La Rúa dictó “para promover a las PyMES”… el Decreto 814/2001, otorgando a las PyMES una serie de beneficios. Era la SEPyME la que, por resolución 24/2001, tenía a su cargo calificar a las empresas (Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes) según un criterio de facturación para que accedieran a ésos beneficios. Pero he aquí que aún hoy, en Febrero de 2018, la AFIP no permite a las empresas aplicar la actualización de los montos de facturación desde el dictado de ésa resolución, es decir, desde el año 2001, aunque la propia SEPYME dictó la resolución 11/2016 actualizando los montos de facturación. Claro, la AFIP no acata lo dictado por la SEPYME puesto que el único objetivo de éste organismo es siempre y en todo gobierno recaudar “a como dé lugar”, violando abiertamente el ordenamiento jurídico argentino y saqueando sin licitud alguna las exhaustas arcas de las pequeñas y medianas empresas argentinas.

Es que conforme el Decreto P.E.N. 814/2001, las PyMES abonan una alícuota diferencial sobre las contribuciones patronales sobre la nómina salarial, con destino a los subsistemas de Seguridad Social regidos por las leyes 19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo); 24.241 (Sistema Integrado de jubilaciones y pensiones)  y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares).
Esa alícuota debe ser del 17% para las PyMES. En la práctica, significa millones de pesos anuales para empresas que tienen márgenes de rentabilidad de un dígito y que luchan por sobrevivir al día. Pero, por arte de magia, la AFIP no permite actualizar el monto de facturación A LOS FINES DE ÉSA RESOLUCIÓN, pero, increíblemente, sí para otros casos; olvidando que el derecho es uno sólo. Con lo cual, el universo de PyMES que por facturación pueden acceder al beneficio es tan exiguo que la norma en definitiva no se aplica. Aunque parezca increíble, AFIP se niega a aceptar a SEPyME como autoridad de aplicación para definir qué empresas aplican a cada categoría, e incluso lo hace en forma recalcitrante, en sede administrativa y en sede judicial, sin argumento legal alguno. Es el Estado desconociendo el Derecho dictado por el propio Estado. Como dije: la AFIP vive en una especie de universo paralelo.

Recordemos que las PyME proveen el 80% del trabajo en general. Entonces “queda lindo” decir que se beneficia a las PyMES, puesto que al momento de efectivizar los beneficios, para la AFIP éstas no existen; son todas grandes empresas.

Leemos en los medios que desde el Gobierno se quiere promover a las PyMES, e incluso se dictan leyes a favor de éstas empresas (como si las grandes empresas fueran engendros malignos), como la “Nueva Ley Pyme 27624”, etc,etc; pero luego, la AFIP borra con el codo lo que el Poder Ejecutivo escribe con la mano. Es evidente que para la AFIP, los 17 años que pasaron desde el dictado del Decreto 814/2001 fueron de una estabilidad que envidia la propia Suiza. No existió inflación y hay menos pobres que en Alemania. El  “Relato K” aún, en los hechos, sigue medrando.

Mientras el Poder Ejecutivo no controle que la autoridad que designa para aplicar las leyes tributarias se ajuste a Derecho, todo queda en papel pintado. ¿Por qué se permite que AFIP aplique con total arbitrariedad las resoluciones vigentes, incluso de mayor rango que cualquier norma que dicta el organismo, con el fin de recaudar más?. Esta presión impositiva desmedida va a los costos empresarios, de allí a los precios, y de allí a la inflación. No es tan difícil entenderlo.

La cultura del trabajo implica no matar a las empresas con cargas fiscales vergonzosas, sino fomentar la empresarialidad, el emprendedorismo, la producción y la oferta. Entonces para cambiar de una vez por todas los 70 años de decadencia argentina, de los que el gobierno kirchnerista fue su más cruel emergente, solo bastaría con cumplir la ley y dejar de borrar con el codo lo que se escribe con la mano.