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La Corte Suprema va en contra de las leyes de ética pública y acceso a la información

. Ciudad - Ciudad

Los legisladores porteños de la Coalición Cívica ARI, Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro, declararon hoy acerca de la negativa de la Corte Suprema a publicar en internet sus declaraciones juradas: “la resolución que dio a conocer la Corte Suprema reivindicando su propio reglamento para dar a conocer sus bienes es engañosa, ya que va en contra del espíritu de las leyes de ética pública y de acceso a la información”.

Oliveto Lago, presidente del bloque de legisladores sostuvo: "parece que los jueces de la Corte desconocen el principio institucional de igualdad ante la ley y la importancia que tiene la información pública en democracia" y continuó: "si con sus fallos y acciones se siguen alejando de la sociedad que les reclama justicia en tiempo oportuno y siguen sosteniendo privilegios, como no pagar ganancias, se quiebra el contrato moral que ese poder del Estado suscribe con el pueblo que con sus impuestos lo sostiene".

Por su parte, Ferraro dijo: “Se convierte en un privilegio que la Corte Suprema no haga pública y accesible sus declaraciones de bienes mientras los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo publicamos nuestras declaraciones juradas en internet. No es una respuesta republicana la decisión de la Corte porque todos sabemos que su propio reglamento para la difusión pública de sus bienes es inaccesible así termina generando una desigualdad ente la Ley”.

Oliveto  agregó: "lo que reclaman los diputados Carrió y Sánchez no es más que lo que corresponde hacer en el sistema republicano argentino".
“Creemos que la Corte con esta resolución va en contra de transparentar el accionar de las personas que forman parte de las diferentes instituciones del Estado”, finalizó Ferraro.

Ambos legisladores vienen trabajando en varios proyectos de ley para impulsar la transparencia política e institucional en la Ciudad de Buenos Aires, presentaron un paquete de leyes tendientes a fortalecer las instituciones, garantizar la autonomía de la Ciudad y cumplir con los mandatos de la Constitución local.

Entre las iniciativas se destacan la ley para crear la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, modificar la Ley de Ética Pública que permitiría la ampliación de aquellos agentes públicos que están obligados a presentar declaraciones juradas, la dotación de mayores competencias a la Auditoría General, optimizar el funcionamiento de la Procuración General de la Ciudad y fortalecer las competencias de la Sindicatura General. También han elaborado un proyecto de Publicidad Oficial, cuyo objetivo es regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la publicidad oficial de la Ciudad. Y han presentado una ley de partidos políticos y su financiamiento; una ley para implementar el debate público, televisivo y obligatorio entre los candidatos a jefe de Gobierno de CABA; una ley para regular el proceso de transición republicana y otra iniciativa para crear la Oficina de presupuesto de la Legislatura de la Ciudad.

Asimismo presentaron proyectos que apuntan a regular los medios de transportes gubernamentales en campaña electoral; transparentar la designación de Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad; elaborar un Régimen Electoral propio de la Ciudad y modificar la ley 104 sobre el derecho a la información.

Todas estas propuestas locales  van en sintonía con las iniciativas de los diputados nacionales,  Elisa Carrió y Fernando Sánchez, quienes tambien propusieron que las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales y obras sociales presenten sus declaraciones juradas.